Por: Adán Chávez Frías
Fecha de publicación: 30/01/11
Fecha de publicación: 30/01/11
http://aporrea.org/educacion/a116728.html
La Nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), define en su Artículo 32, la Educación Universitaria considerando, por supuesto, los principios constitucionales. Establece que en este subsistema educativo se profundiza la formación integral y permanente de los nuevos(as) ciudadanos(as), de tal manera que sean críticos, reflexivos, sensibles y comprometidos social y éticamente con el desarrollo del país.
Especifica que la educación universitaria tiene como función “…la creación, difusión, socialización, producción, apropiación y conservación del conocimiento en la sociedad, así como el estímulo de la creación intelectual y cultural en todas sus formas. Su finalidad es formar profesionales e investigadores o investigadoras de la más alta calidad y a auspiciar su permanente actualización y mejoramiento, con el propósito de establecer sólidos fundamentos que, en lo humanístico, científico y tecnológico, sean soporte para el progreso autónomo, independiente y soberano del país en todas las áreas…”. Y acota claramente que: “…La Ley del subsistema de educación universitaria determinará la adscripción, la categorización de sus componentes, la conformación y operatividad de sus organismos y la garantía de participación de todos y todas sus integrantes”.
Por otra parte, es importante recordar que el Articulo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), establece que “…El estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permita a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación… Las Universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio, bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley… Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley”.
Entonces, eso es precisamente lo que plantea la propuesta de ley para la Educación Universitaria. Digan lo que digan los representantes de los sectores más reaccionarios de la oposición, se especifica la manera de garantizar la formación integral de los nuevos profesionales e investigadores que serán los que asegurarán el progreso autónomo, independiente y soberano del país. Una formación humanista, para la solidaridad y la participación protagónica y auténticamente democrática, con unas normas internas del gobierno universitario, “… bajo el control y vigilancia que a tales efecto establecerá la ley”.
Es por ello que, bienvenido el debate en todos los espacios, pero es importante acelerarlo, para que lo más pronto posible se pueda aprobar definitivamente la ley específica para la Educación Universitaria. Es esto lo que permitirá la transformación definitiva de la Universidad tradicional, la cual continúa dominada y deteriorada por el modelo neoliberal con el que ha convivido durante largos años. Este deterioro se manifiesta, entre otras cuestiones, por el bajo nivel intelectual y espiritual de sus cuadros directivos y administrativos, por la mediocridad y el compadrazgo imperante, por el ocio improductivo bien remunerado, por la adhesión al sistema clientelar de buena parte del profesorado, por el mal ejemplo que deriva de las actuaciones de algunos profesores y por la burocracia universitaria; y también, por la acción nociva de dirigentes políticos contrarrevolucionarios, en el seno de las universidades más tradicionales. Todo ello genera incapacidad, mal uso de los recursos e incitación al amiguismo; a desviar la universidad de su misión más auténtica o a distorsionar esa misión por la aplicación de criterios economicistas y utilitarios, cuya sujeción a doctrinas capitalistas y proimperialistas, no se compagina con un pensamiento verdaderamente académico, crítico y comprometido con la justicia social.
Por lo tanto, no es cierto, como plantean algunos “pensadores” de derecha, que la Universidad es “neutra”. La tradicional obedece, sin duda, al modelo capitalista, con sus viejos currículos, que estimulan el individualismo, el egoísmo, la exclusión, la formación universitaria como un élitesco “ascenso en el escalafón social”. La nueva universidad, la que debemos terminar de diseñar e institucionalizar a través de la Ley en discusión, tiene que ser la universidad para la inclusión, la solidaridad, la participación, aquella que no se sienta como patrimonio de una élite “intelectualoide”, sino que realmente pertenezca al pueblo, para que como dijo el CHE Guevara, se pinte de negro, de mulato, de obrero, de campesino. Es el proyecto de Universidad Popular que adelanta el Gobierno Bolivariano, con experiencias ya exitosas como la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
Otro punto polémico es el de la autonomía universitaria. Se comparte plenamente la definición establecida en el citado artículo 109 de la CRBV, recordando nuevamente que dicha autonomía estará “… bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la Ley”. O sea, que como se ha dicho en otras oportunidades, la mencionada autonomía universitaria no es, como desean algunos sectores reaccionarios y minoritarios que hacen vida en nuestras universidades, para administrarlas como si fuese una hacienda de su propiedad, sin control de ningún tipo y cometiendo toda clase de desmanes, como por ejemplo, aprobar reglamentos internos que contradicen y violan, en algunos casos, hasta la Ley de Universidades aún vigente. Una nueva ley debe entonces, de acuerdo con la constitución, establecer los mandatos necesarios para que las universidades sean, con el sentido real de la autonomía, ejemplos en el ejercicio de la democracia, la equidad, la justicia social, la solidaridad, la calidad académica, y principalmente, en la ética académica, la cooperación y la auténtica libertad de pensamiento. Lo ratifica la nueva LOE, cuando en su artículo 32 reconoce que el principio de autonomía “…se materializa mediante el ejercicio de la libertad intelectual, la actividad teórico-práctica y la investigación científica, humanística y tecnológica, con el fin de crear y desarrollar el conocimiento y los valores culturales…”.
Por otra parte, la nueva ley de Educación Universitaria debe ratificar y asumir de igual manera, los artículos 102 y 103 de la mencionada Constitución Bolivariana. Recordemos que el primero de éstos, además de considerar la educación como un derecho humano y un deber social fundamental, como indudablemente democrática, gratuita y obligatoria; resalta el deber del estado de asumirla como “función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad…”. También, que la Educación Universitaria se debe considerar como “un servicio público” y “…fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad, en una sociedad democrática, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal…”. De igual manera, el artículo 103 plantea que la gratuidad de la educación se haga efectiva “…hasta el pregrado universitario…”, es decir, hasta que el estudiante universitario obtenga su título profesional.
En definitiva, el debate continúa; y nosotros los socialistas, seguimos en la lucha por lograr en poco tiempo, esa Universidad que define hermosamente nuestra Constitución: la de la participación, de la inclusión, de la solidaridad, del humanismo, de la justicia social; la Universidad Popular!!…
¡Patria Socialista o muerte!
¡¡Venceremos!!
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